20MINUTOS.ES. 23.10.2006 - 23:44h
Nota: es posible que tengas que estar registrado y
autentificado en estos servicios para poder anotar el contenido correctamente
Brunete:
El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP),
dimitió
después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el
desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid). Quijorna:
La recalificación
de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501
con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes
García, del PP, y a su equipo en solfa. Ciempozuelos:
El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado
a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una
gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro ha abierto diligencias
contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). EN
SALAMANCA Salamanca:
El PSOE acusa
al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de
la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco (PP). EN
ÁVILA: Navas
del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués
(PP) dio permiso para talar
un pinar para construir un complejo de golf y chalés. En Navahondilla (PP),
con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés. EN
TOLEDO Seseña:
Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que qcontruye Francisco
Hernando (Paco el Pocero). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció
presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Albatera:
El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos
Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la
ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es
a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en
connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo. Alicante:
El juez ha imputado al alcalde (PP), Luis Díaz Alperi, y dos
concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y
adjudicaciones irregulares. Orihuela: El
fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de
Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José
Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna
Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha
renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores
(préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor
beneficiado con adjudicaciones municipales. EN
MURCIA: Águilas:
El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano
(PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona
protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo
de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría
haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue
aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo
titular es amigo del promotor, según informa El País. Armilla:
El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de
Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su
patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un
centro comercial de la localidad. Ogíjares:
José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el
municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta
de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas
irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le
acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas
supuestas irregularidades a la fiscalía. EN
MÁLAGA: Marbella: Hasta
40
cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción
urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por
la Operación Malaya. EN
SEVILLA Camas:
El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado
por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas
recalificaciones. Bormujos:
El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde
actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que
votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la
Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE. La
Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un
supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de
falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la
Algaba, junto al río Guadalquivir.
EN ALICANTE
EN GRANADA:
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de
Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está
imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa
de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.
Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto
delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y
falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de
12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus
cargos.
El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado
declaración a testigos e implicados.
Burguillos: Se acusa al Ayuntamiento de la localidad
(gobernado por el PSOE. El alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de
recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Las
investigaciones acaban de comenzar.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto
delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de
naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano,
junto al polígono industrial El Cerro.
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un
presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según
la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier
Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la
recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).