Ante las actuaciones iniciadas por la fiscalía de Sevilla que abren una nueva situación jurídica en relación con las construcciones ilegales en Andalucía al pretender imputar a determinados alcaldes un delito de prevaricación por omisión,

Nueva Izquierda considera, a la luz de los informes que actualmente maneja que, fundamentalmente la Consejería de Obras Publicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía conoce perfectamente la situación de ilegalidad urbanística en la que se encuentran numerosos ayuntamientos andaluces, mas de 250 según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, igualmente la citada consejería esta elaborando desde hace unos años el denominado " Inventario de parcelaciones urbanísticas de suelo no urbanizable de Andalucía". Este expediente se encuentra tramitándose en la actualidad en la Dirección General de Urbanismo, como Nueva Izquierda ha podido comprobar.

Toda esta información es publica y de la misma ha dado cuenta el Defensor del Pueblo Andaluz ante el propio Parlamento de Andalucía y, sin embargo, ninguna autoridad publica conocedora de esta grave situación ha tomado las medidas adecuadas para ejercer el control de la legalidad ante la fragante transgresión de las normas y de la legalidad urbanística que ese informe viene a demostrar.

Nos preguntamos ¿ cómo es posible que teniendo conocimiento de esta situación, la Consejería de Obras Publicas no haya ejercido su deber inexcusable de ejercer la disciplina urbanística durante todo este tiempo? o ¿ cuales son las razones de porque ante la evidente responsabilidad de las autoridades locales afectadas, no ha dado cuenta a los tribunales para que se ejercitaran las acciones penales que corresponda?

Desde nuestro punto de vista la respuesta es bien sencilla: tanto en el Inventario que la Dirección General de Urbanismo esta elaborando, como en el propio informe del Defensor del Pueblo del año 2.000 son muchos los ayuntamientos con alcalde socialista afectados razón por la que presuntamente no se ha actuado.

Sin embargo, el propio PSOE, presenta en la fiscalía una denuncia contra una urbanización en un municipio gobernado por otro partido, la Consejería de Obras Publicas tiene conocimientos sobrados y expedientes abiertos de la comisión de presuntos delitos urbanísticos en toda Andalucía y, sin embargo, no cumple con la obligación que la propia ley le exige.

En la información aquí citada : Informe del Defensor del Pueblo y el inventario de parcelaciones ilegales de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas, hay datos mas que suficientes para que tanto la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía como la propia Consejería de Obras Publicas y cualquier otra autoridad con competencias en urbanismo inicie, inmediatamente, las actuaciones de oficio que correspondan, primero recabando el informe del Defensor del Pueblo Andaluz y luego el expediente que la Dirección General de Urbanismo tiene abierto en relación con las parcelaciones ilegales de Andalucía. Ahí, se encuentran las pruebas de los que decimos.

Nueva Izquierda considera que existe información suficiente para que el delito por omisión que utiliza la fiscalía contra determinados ayuntamientos, también pueda aplicarse a aquellos otros de los que, insistimos, las autoridades publicas tienen sobrado conocimiento. No es aceptable que, por los mismos hechos, se actúe contra unos y no contra otros.

Desconocemos si, después de esta información, habrá alguna actuación de oficio como aquí demandamos en la medida en que se hacen públicos informes oficiales sobre la existencia de presuntos delitos urbanísticos. En todo caso, Nueva Izquierda presentara en los próximos días una primera denuncia ante la fiscalía en relación con varios municipios sevillanos que podrían encontrarse en la situación que en esta información detallamos.